Versión de HTML Básico
5
Enero-Febrero 2017
Editorial
Juan Araya Jofré
Presidente Nacional CNDC
T
al parece que se trata de una profecía autocumplida. Todos
los años es igual y fácilmente predecible. Las alzas anuales
de los peajes de las autopistas urbanas, conocidos como
“tags”, siempre causan el enojo y la molestia de los usuarios por
el cobro del llamado “cargo fijo” de 3,5%, que los contratos
firmados por el Estado y las concesionarias autorizan pero no
obligan.
El inicio de 2017 no ha sido la excepción respecto a años
anteriores. Las empresas que administran las vías expresas
de Santiago volvieron a aplicar este cargo fijo, que para todo
el mundo envuelve un subsidio, un millonario regalo a estas
compañías que lo aplican sin tomar en cuenta la opinión a los
usuarios. Hay que puntualizar que los “cargos fijos” de los tags
son por sobre el IPC anual. Si se toma en cuenta el alza en 2017,
el aumento total fue de 6,5%, pero de este monto sólo el 3% es
el IPC, por lo que no se trata solo de un cobro marginal, sino que
iguala y supera el IPC anual.
Revisemos qué ha pasado en años anteriores. En 2014 el índice
de precios al consumidor fue de 4,6% y el cargo fijo de 3,5%, con
lo cual el reajuste total fue nada menos que de 8,1%. Después,
en 2016 se aplicó un reajuste general de 7,5%, del que sólo el
4% fue por IPC. Y este año, como se dijo, el cargo fijo supera
al IPC. De esta forma, las alzas de tags de las carreteras urbanas
acumulan el 22,1% en los tres últimos años, monto del que casi
la mitad es cargo fijo. Si bien los contratos lo autorizan, no se
obliga a las empresas a cobrarlo.
Este impuesto encubierto empezó cuando a principios de la
década anterior el Estado licitó la construcción de vías expresas
en Santiago. Para incentivar a los consorcios a invertir en
vialidad pública, se incluyó la cláusula que autorizó cobrar 3,5%
para compensar flujos menores. Claramente esa situación es
distinta en la actualidad, cuando hay autopistas con altos flujos,
congestionadas en las horas punta y que por lo mismo perciben
grandes ganancias. A eso se suma un servicio que en muchas
ocasiones deja que desear.
Esta Confederación nuevamente ha alzado su voz para denunciar
un cobro que, pudiendo ser legal, se ha tornado discutible y
dudoso en cuanto a su legitimidad. El tema se ha tratado con
la máxima autoridad de gobierno correspondiente, es decir, el
Ministro de Obras Públicas, y el Director de Concesiones, quienes
han concordado en que las concesionarias perfectamente
pueden flexibilizar las tarifas. Lo que está fuera de dudas es que
la paciencia de los usuarios llegó al límite.
Alza de tags
urbanos por
sobre el IPC
colma la
paciencia de
usuarios