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Revista del Camionero
Editorial
Juan Araya Jofré
Presidente Nacional CNDC
L
os últimos y masivos atentados incendiarios a camiones en el Sur han
generado un debate respecto de quién es el responsable final de la
seguridad en la actividad productiva, en este caso, la industria del
transporte de carga. Refiriéndose a ello, el señor Fiscal Nacional, Jorge
Abbott, emitió el mismo día de producirse el mayor atentado a una empresa
de transportes, 28 de agosto, afirmaciones desafortunadas.
El Fiscal Nacional afirmó que: “los empresarios realizan ciertas actividades
que generan un riesgo. Ese riesgo debe asumirlo el empresario. Traspasárselo
al Estado, que el Estado deba tener carabineros, policías custodiando esos
camiones, más todos los camiones que existen entre la octava región a la
región de Los Ríos, me parece un exceso. También los particulares tienen en
esto una responsabilidad”, agregó.
Es indudable que la seguridad de una empresa es una parte de su
funcionamiento. Por eso, los camioneros disponen de guardias, dispositivos
de vigilancia, equipos electrónicos, GPS en sus vehículos, y otras medidas. Sin
embargo, está claro que la autoridad enfoca el problema desde una óptica
errada. Porque los camioneros desarrollan su actividad en rutas y caminos,
y estos son públicos, donde es la autoridad a quien compete garantizar la
seguridad.
En este tema no puede haber espacio a dudas. Porque para todos los
efectos, preservar la seguridad pública, investigar delitos contra la propiedad,
atentados incendiarios y otros crímenes, es función exclusiva del Estado y
éste no puede rehuir su responsabilidad. Para eso los ciudadanos le cedemos
parte de nuestra libertad con el propósito de que tenga el monopolio de
la fuerza y de la justicia, para que, ejerciéndola, pueda investigar, detener y
condenar a personas involucradas en delitos. Por tal razón, la seguridad es
un bien público.
De ello se deduce que no son los particulares ni las empresas quienes tienen
la obligación y la responsabilidad de asumir el bien social de la seguridad
pública. Pueden proteger sus bienes, propiedades o equipos, pero es la
autoridad la que finalmente provee un entorno seguro para todos. El Estado
no puede eludir la obligación de garantizarlo, como, por ejemplo, en las
carreteras.
Menos son los privados quienes fijan las estrategias de seguridad en el país.
Por eso, es difícil de entender el planteamiento hecho por el jefe de todos
los fiscales. Y aún resulta más complejo intuir sus alcances, porque lo que no
puede pasar es que el Estado empiece a desentenderse de sus obligaciones,
y una muy importante es justamente mantener la tranquilidad pública para
que las personas puedan desenvolverse en el marco democrático que se ha
fijado la república.
La seguridad pública es
obligación del Estado