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Mayo-Junio 2018
Actualidad
mecanismo voluntario de “Sello ProPyme”, creado en el primer gobierno
de Sebastián Piñera a impulso de la pequeña empresa, pero sólo adhirió
una parte menor de los grandes clientes. Tanto el Ejecutivo como los
gremios empresariales que se abrieron a impulsar un proyecto que
asegure el pago a 30 días saben que de aprobarse una ley que vincule
la factura al IVA creará un círculo virtuoso, porque los pagos se harán
en los tiempos convenidos, las pymes tendrán la liquidez necesaria para
operar y cubrir los costos, y finalmente el Estado recaudará en menor
tiempo.
El economista Tomás Flores, ex subsecretario de Economía, quien integra
la mesa de trabajo indicada arriba, es partidario que como primer paso
todos los servicios y empresas estatales adhieran al sello ProPyme de
buenas prácticas. La ventaja que Flores ve en eso es que no requiere
ley sino una instrucción directa del Ejecutivo. Y como segundo punto
coincide con el planteamiento de Conapyme, de amarrar el uso del IVA
al pago de facturas.
En el caso de los camioneros, la situación es muy compleja, porque el
97 % son micro y pequeñas empresas, que no tienen capacidad de
imponer el pronto pago a sus clientes, pero que se ven obligados a
aceptar cumplimientos tardíos, a 60, 90 y hasta 120 días. El problema
de caja que se crea a las pymes del transporte es agudo, porque en el
intertanto deben pagar el petróleo, los choferes, sueldos del personal,
impuestos y todo lo necesario para seguir funcionando. Muchos mueren
en el camino o se endeudan con la banca o factoring, forzados a “hacer
bicicleta”, como se dice informalmente.