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Revista del Camionero
Editorial
Juan Araya Jofré
Presidente Nacional CNDC
U
n hecho de la máxima importancia para las pequeñas
empresas está ocurriendo en las últimas semanas. Se trata
del vuelo que ha tomado la iniciativa para hacer realidad el
pago oportuno de las facturas de las pymes, tema impulsado
por el reciente entendimiento entre los gremios que integran el
Consejo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, CONAPYME, y la
Confederación de la Producción y el Comercio.
Durante décadas, los emprendedores y las grandes compañías
estuvimos en veredas opuestas. Los nuevos aires, el abrir de ventanas
que trajo la elección del presidente de la CPC, Alfonso Swett,
motorizó e hizo tomar impulso a un inédito diálogo que culminó en
abril con la constitución de una Mesa Pro Crecimiento, que cuenta
con la coordinación del Ministerio de Hacienda, con plazo concreto
de 90 días para resultados. De verdad, algo impensado hace sólo
unos meses.
Que esto haya tenido lugar en la sede de la Confederación de
Dueños de Camiones, como organización que dirige en este período
a CONAPYME, es motivo de esperanza y legítima satisfacción por
el esfuerzo que los camioneros hemos puesto en esta cruzada del
llamado “pronto pago”. Porque hay un tema que es transversal y
compartido por todas las empresas de menor tamaño: el pago
oportuno de nuestros servicios.
Actualmente, eso lo sabemos todos, los mandantes pagan a 60, 90
y hasta 120 días. A eso hay que sumar mínimo 15 días para que el
prestador del servicio emita la factura. Luego viene un lento proceso
que, en general, produce pagos tardíos. Son muy pocas las pymes,
especialmente en el transporte carretero, que tienen pagos antes
del mes. Mientras, deben cumplir sueldos, impuestos, insumos,
imposiciones y créditos en equipos y capital de trabajo. En tanto, el
mandante usa el IVA de las facturas.
De lo que se trata es que como resultado de estos procesos de
entendimiento entre empresas grandes y pymes, el gobierno envíe un
proyecto de ley que impida usar el IVA a quienes no paguen en forma
oportuna -30 días-. Ese es el meollo del asunto. Con eso, se terminaría
que el prestador del servicio quede supeditado a la buena voluntad
de su cliente, entidades privadas o del Estado, reemplazándolo por
un cuerpo legal objetivo, aplicable en todas las circunstancias.
Si así ocurre, será un cambio revolucionario.
Un cambio histórico