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Revista del Camionero
Economía
L
os gremios de la pequeña y mediana
empresa evaluaron en términos positivos
la medida del gobierno de crear un
Defensor del Contribuyente, organismo
al cual podrán recurrir quienes se sientan
perjudicados por resoluciones de Impuestos
Internos consideradas injustas. Sin embargo,
advierten que debe ser totalmente autónomo
de los servicios fiscalizadores actuales.
El Defensor es parte del proyecto de ley
de modernización tributaria que envió el
gobierno al Congreso, y por lo tanto será
discutido en el contexto general de dicha
reforma.
Si bien los gremios consideran un avance
este proyecto, afirman que resulta esencial
que sea independiente. Asimismo, los
expertos consideran que es una buena
medida siempre y cuando la instancia sea
administrada por una entidad absolutamente
autónoma del Servicio de Impuestos Internos
o de la Tesorería General de la República”. Es
decir, un servicio paralelo, de igual jerarquía
que el SII.
El gerente de Estudios de CONAPYME,
Carlos Boada, afirmó que lo importante es
que haya una contraparte de Impuestos
Internos, cuya finalidad sea la defensa
efectiva de los contribuyentes. En opinión
de varios especialistas, lo que importa es
que el organismo que se forme elimine las
arbitrariedades de un sistema que hoy hace
de juez y parte.
E
n el Congreso Nacional se encuentra actualmente el
proyecto de ley sobre pago oportuno, enviado por el
gobierno y que por unanimidad la Cámara de Diputados
aprobó en general. La iniciativa tiene por objetivo el pago
a 30 días a las pymes proveedoras, contemplando una
reducción en el plazo de pago de las facturas que emiten
las micro, pequeñas y medianas empresas. Este proyecto fue
despachado por el ejecutivo luego que los gremios del sector,
liderados por CONAPYME, iniciaron una ofensiva luego de
la instalación del actual gobierno con el propósito de sacar
adelante un anhelo largamente acariciado, como es terminar
las malas prácticas de grandes clientes que demoran hasta 5
o 6 meses en pagar facturas adeudadas.
El pago oportuno es considerado una medida clave para
introducir mayor equidad en el mercado y se supone destinado
a favorecer no sólo al millón de pymes, sino a más de cuatro
millones de personas, incluidos los trabajadores del sector.
Pero, la futura ley no será de aplicación inmediata para los
30 días. Se incluye una reducción gradual del plazo de pago
de las facturas de 60 a 30 días y un plazo de 12 meses para
que el Servicio de Impuestos Internos elabore y entregue un
estudio sobre la viabilidad del uso del IVA como crédito para
fomentar el pago a pymes y emprendedores. En efecto, el
problema de falta de pago es que el comprador recibe un
crédito -IVA- por parte del proveedor, donde quien fija las
condiciones de pago no tiene costos financieros directos por
el no cumplimiento, al menos en el corto plazo.
Los gremios de la pequeña empresa señalan que ahí está el
meollo del asunto, pues proveedores reciben facturas por sus
ventas sin fecha definitiva de pago y terminan por asumir el
costo financiero del financiamiento del capital de trabajo.
Defensor del
Contribuyente
debe ser
independiente de
Impuestos Internos
Proyecto de pago
oportuno para Pymes se
tramita en el Congreso