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Revista del Camionero
Editorial
Juan Araya Jofré
Presidente Nacional CNDC
L
a Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile
ha decidido hacer las gestiones pertinentes para investigar y
pedir las máximas sanciones contra todos los responsables de
procedimientos irregulares y coimas en el retiro de vehículos
de carga, en que aparecen implicados carabineros de la 50°
comisaría de San Joaquín.
Es de plena justicia hacerlo, pues desde hace más de un año
transportistas de la Región Metropolitana han sufrido reiterados
hostigamientos en la fiscalización de camiones en la capital. La
inmensa mayoría de los casos corresponde a vehículos de áridos,
a quienes se aplican prácticas draconianas sin margen de apelación
real.
Desde que entró en vigencia la modificación a la ley 18.290, sobre
traslado de desechos de la construcción, en que el legislador no
consultó al gremio para saber cómo se opera, se multiplicaron
los controles ejercidos por funcionarios policiales e inspectores
municipales. No tiene nada de malo fiscalizar, pero hay dos cosas
que la Confederación no acepta.
Primero, se estableció un mecanismo absurdo, que cada traslado
por un camión debe ser autorizado por ¡cada una de las comunas!
que atraviesa hasta llegar a destino. Segundo, se ha creado una
mafia, sacada a la luz pública por el general de Carabineros Enrique
Bassaletti, quien reconoció que más de una decena de oficiales y
suboficiales tenían tratos indebidos con al menos una empresa de
grúas.
Los camiones eran detenidos, multados, retirados de circulación y
enviados a corrales. Los controles los practicabanpolicías uniformados
-al menos de la 50° comisaría denunció el general Bassaletti-, e
inspectores. Luego, se llamaba a la grúa que prontamente estaba
disponible para el “trabajo”. La figura consistía en que los carabineros
habrían recibido dineros de las grúas para ser contactada a la hora
de llevarse los camiones. El descaro era máximo, no sólo se trataba
de camiones, había un tarifado: $ 40.000 por camión; $ 20 mil por
camioneta y $ 10 mil por automóvil. Al camionero, entre multas,
grúa y corral, le costaba casi $ 500.000.-
Como Confederación exigimos la verdad completa y que se
investigue a todo nivel esta vergüenza que envuelve a funcionarios
del Estado, usando sus instrumentos de trabajo para coimas e
irregularidades. Se envió a la Contraloría General de la República
un documento para establecer la legalidad y corrección jurídica del
procedimiento que permite a los municipios retirar camiones en
zonas urbanas. Además, se interpondrán los recursos legales contra
todos quienes resulten responsables y se espera que el fiscal a cargo
de la investigación llegue hasta el fondo de estos gravísimos hechos.
Hasta las últimas
consecuencias