El gremio del transporte terrestre manifiesta que es crucial extender a las carreteras y puertos la aplicación de la ley de infraestructura crítica, una vez que esta haya sido aprobada.

Luego que anoche el Senado aprobó la iniciativa en primer trámite constitucional, es importante dejar en claro que el proyecto incorpora definiciones clave, pero que se deben aterrizar con total claridad. Esto, debido a que se creará un listado de sectores y subsectores estratégicos, definido por el ministerio encargado del gobierno interior previa consulta a la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI.

Como se apunta a definir los criterios de criticidad y señala que tanto, entidades públicas y privadas entran en tal categoría, junto con fijar obligaciones para los operadores - como también sanciones por incumplimiento de ellas -, es imprescindible que las concesionarias de rutas y los operadores portuarios sean incluidos en el catastro nacional de infraestructura crítica.

Lo anterior es esencial si se considera que el 95 % de la carga nacional se traslada por rutas administradas por el Estado directamente y por privados. Respecto a los puertos, Chile moviliza unos 3,5 millones de Teus y todo ese volumen llega y sale de los terminales marítimos en camiones.

Los atentados subversivos y hechos de violencia en las rutas ameritan lo señalado. Pero en los puertos tenemos la amenaza del crimen organizado y, aunque en otro sentido, el reciente caso de Coronel, terminal paralizado por dos meses con graves disturbios por cuestiones laborales y severa afectación a la logística.

Por tanto, nuestro gremio expresa su más clara voluntad de que estos criterios sean consagrados en la futura ley e ingresen al catastro de infraestructura crítica, de forma que quede absolutamente claro y definido que ambas categorías serán resguardadas mediante la fuerza legítima del Estado chileno.

Santiago, 20 de Junio de 2024