Noticias CNDCActualidad del Gremio Camionero

La Contraloría General de la República exigió a las municipalidades una respuesta en plazo perentorio frente a una petición de la Confederación de Dueños de Camiones de Chile, en relación a cómo se está aplicando la normativa de fiscalización a vehículos de carga que transportan materiales y residuos de la construcción.

En carta enviada por el abogado jefe del comité municipal de la Contraloría, Jean Pierre Lopepe, se pide, en primera instancia a los municipios de Recoleta y San Joaquín, que informen a la Contraloría en el plazo de 10 días hábiles administrativos, contados desde el 12 de septiembre, fecha en que se expidió la orden.

La Confederación solicitó al Contralor de la República, Jorge Bermúdez, un pronunciamiento sobre la adecuada interpretación que debe tener la norma que rige el transporte de residuos, en que se aplica el artículo 192 de la ley de Tránsito 18.290, incorporada por la ley 20.879, que sanciona el traslado de desechos hacia vertederos.

La CNDC alegó las diferentes formas que tiene cada municipio para aplicar la ley, cuya fiscalización fue encargada a Carabineros e inspectores municipales. Múltiples denuncias de empresas transportistas sobre la discrecionalidad y arbitrariedad con que se hacen tales fiscalizaciones, sumadas a criterios contradictorios para ejercer los controles, motivaron al gremio a pedir la intervención de la Contraloría.

El organismo contralor del Estado dispuso que los informes que entreguen las municipalidades deberán ser preparados con intervención de la asesoría jurídica o el abogado de cada una, y remitirse a Contraloría junto con todos los antecedentes necesarios para que ésta resuelva, se indicó. Es decir, se pidió pronunciamientos conforme a la legalidad y con plazo perentorio.

Recientemente, el alto mando de Carabineros intervino la 50° comisaría de San Joaquín, donde más de 10 oficiales y suboficiales fueron pasados a la justicia militar por aparecer en procedimientos irregulares y coimas en control a vehículos, incluidos camiones. Estos eran llevados con grúas a corrales y por ello aplicaban un “tarifado” al margen de la ley.

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