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Editorial
Responsabilidad social
empresarial como
política pública
a responsabilidad social empresarial (RSE), también
conocida como inversión socialmente responsable, tiene
Lpor propósito contribuir en forma activa y voluntaria al
desarrollo, en el medio geográfico y humano, en el medio en
que se desenvuelven las empresas.
A raíz del “estallido social”, la ciudadanía ha intensificado su
participación en el debate de temas que le afectan en concreto.
Cuando se habla de introducir ajustes, cambios en el modelo
de desarrollo, se pretende que las actuales condiciones mejoren
y que haya una mirada más inclusiva y equitativa respecto de
cómo construir en conjunto un mejor país.
En lo que se refiere a la situación del transporte, aunque vale
para todas las Pyme en general, entendemos que la RSE deben
ponerla en ejecución las grandes empresas, los generadores de
carga que concentran el mayor porcentaje de fletes del país.
Son las empresas dominantes en los rubros minero, forestal,
portuario, retail y comercio, entre otros, a quienes cabe liderar
el desarrollo responsable.
¿Cuál es el panorama actual? Las empresas de mayor tamaño,
privadas y públicas, licitan las cargas e imponen sus reglas.
Muchas son difíciles de cumplir para las pequeñas empresas
locales de las zonas productivas, y los contratos quedan en
manos de transportadoras y consorcios logísticos foráneos,
capaces de economías a escala, pero sin mayores vínculos con
las comunidades de los lugares de operación. Con los contratos
en la mano, estas grandes firmas subcontratan a camioneros
pequeños, obviamente con márgenes reducidos.
Bien entendida, la responsabilidad social empresarial requiere
llevarse a la práctica en los lugares donde operan o extraen los
Juan Araya Jofré grandes generadores. Tomar los servicios de la gente del lugar,
Presidente Nacional CNDC de forma que los comprometa y los haga parte del progreso de
sus zonas. Esa contribución activa es importante porque reviste
de legitimidad social lo que hacen estas grandes compañías.
El principio de RSE aplica hoy en forma voluntaria, librado a la
buena voluntad de los directivos o gerentes de grandes firmas.
Muchas simplemente no lo hacen, lo que involucra el riesgo de
conflictos y roces con las comunidades y pymes locales. En el Sur
forestal eso se ve mucho. Es necesario, entonces, que exista una
política pública de responsabilidad social empresarial. Eso es lo
importante y deseable en el debate de hoy.
Revista del Camionero
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