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Actualidad
Investigan a carabineros en caso de
coimas por retiro de camiones con grúas
Como indican las imágenes, se han hecho habituales los
procedimientos de retiro de camiones, efectuados en
numerosas comunas de la capital. Un camionero que
transporta materiales de obras de construcción con destino a
vertederos debe solicitar permisos a cada una de las comunas
que atraviesa, por viaje. Si se cumpla con este requisito,
las multas son pasadas por otro concepto, denuncian los
transportistas.
Revista del Camionero
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ficiales y suboficiales de la 50° comisaría de San
Joaquín aparecen investigados por presuntas
Oirregularidades que los vinculan a coimas en retiro
de camiones y autos, en aplicación de fiscalización de
normas. El general de Carabineros Enrique Bassaletti, jefe
de la zona Oriente de Santiago informó públicamente el
21 de agosto de una investigación en esa unidad policial.
Las coimas se vinculan al servicio de grúas usado para
retirar camiones y otros vehículos que, tras ser multados,
eran llevados a corral.
El reconocimiento de la investigación o sumario interno
en la 50° comisaría de San Joaquín motivó un duro
pronunciamiento de la Confederación Nacional de
Dueños de Camiones, que durante más de un año ha
cuestionado los numerosos y sumamente drásticos
controles a vehículos de carga que transportan escombros
de las constructoras y luego son sacados de circulación.
Información que dio a conocer la Radio Bío Bío deja ver
que existía un grupo coludido para sacar provecho del
cuerpo legal en vigencia desde 2016, que modificó la
ley 18.290 para facultar a los municipios para sancionar
el vertido de escombros en botaderos ilegales. Así, se
habría establecido una especie de tarifado, de $40 mil
por camión, $20 mil por camioneta y $10 mil por auto.
El general Bassaletti, ante los medios, dijo que había
10 personas indagadas. Aunque hasta el cierre de esta
edición no se conocen más detalles, los carabineros
seguían en servicio activo en agosto, aunque “realizando
labores internas mientras se desarrolla la investigación”.
El caso está en la Fiscalía Militar por infracción a códigos
internos por personal uniformado. Además, tiene una
arista en la justicia civil para analizar si se configuran
delitos castigados por dicha instancia. De todas formas,
el general Bassaletti confirmó que “son faltas que
tienen que ver con procedimientos que no se han
ejecutado con las rigurosidades que están establecidas…
procedimientos que carabineros comunes y corrientes
toman en las comisarías, pueden ser controles de tránsito,
procedimientos de vigilancia”, dijo. Sin embargo, se abrió
a algo de más profundidad. “Aquí al menos hay fallas
administrativas graves y veremos si hay responsabilidades
de mayor envergadura”, añadió.
En el gobierno, el Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla,
se refirió a este tema y puntualizó que la investigación
surgió “a partir de una denuncia del propio prefecto de
la comisaría de San Joaquín. Con tal denuncia se inició
el procedimiento interno, la investigación sumaria y la
información al fiscal militar”. Ubilla dijo que “el gran